Armonización Legislativa

¿Qué se entiende por Armonización Legislativa?

Ángeles Corte (2008) define a este proceso de armonización legislativa como un proceso en segunda dimensión que responde al hecho fundamental del reconocimiento de un derecho humano que implica para el Estado diversos deberes en orden de su reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo al Derecho Humano como la exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cual tiene un carácter multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, política, social y jurídica.

En esta última dimensión, la armonización legislativa supone una serie de acciones que el Poder Legislativo puede, –y debe-, implementar, tanto en el ámbito federal como en el local:

  • Derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición parcial de una ley, privando sólo de vigencia a algunas de las normas que la misma establece o limitando su alcance de aplicación
  • Abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra privando de esta forma de vigencia a una ley o cuerpo normativo, de manera completa
  • La adición de nuevas normas
  • Reformas de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación, inclusive la creación de órganos públicos, de procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones administrativas

Es importante señalar que el ejercicio de armonización legislativa en materia de derechos humanos no debe ser considerado como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las Entidades federativas, pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional, por lo que el incumplimiento u omisión de dicha obligación, representa entonces una responsabilidad para dichas autoridades.

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